“Insuficiente” y con “graves omisiones” la reforma en telecomunicaciones: André Dorcé

No hay claridad respecto a lo que pasará con la radiodifusión comunitaria

Los derechos de las audiencias son clave y no se rescatan en la reforma, tal es el caso del derecho al acceso a la diversidad cultural

La iniciativa de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones –que se aprobó en la Cámara de Diputados y será enviada al Senado– “es un avance en los principios para el cambio democrático en México, pero es insuficiente y contiene graves omisiones”, consideró el doctor André Dorcé, profesor-investigador del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

 “Lo primero que se advierte en esta reforma es que no hay claridad respecto a lo que pasará con la radiodifusión comunitaria y de qué manera las distintas comunidades culturales –en específico los grupos indígenas y otras formas de organización social– se verán beneficiadas”, aseveró el especialista en nuevas tecnologías de la comunicación.

 El investigador de la Unidad Cuajimalpa agregó que “es una limitación muy seria” que en la nueva Ley Federal de Radio y Televisión aún no se sepa cómo se establecerá el otorgamiento de permisos para el sector civil y comunitario. “¿Con qué criterios, fuera de los económicos, se van a otorgar, con qué alcances y modalidades de financiamiento?”, cuestionó.

 Otro de los problemas, señaló, “es que la posición dominante de los actuales concesionarios monopólicos en el ámbito de la radiodifusión, específicamente Televisa y Televisión Azteca, no se desafía en función de una competencia económica equilibrada, siendo que en el caso de las empresas dominantes en telecomunicaciones sí se plantea. Existe inequidad en ese sentido”.

 El académico expuso que otra limitación “muy seria” de la iniciativa de reforma en telecomunicaciones es que “si bien la cultura es aludida en repetidas ocasiones, ésta no constituye un eje central en la propuesta” y sólo es referida de manera ambigua “y subordinada a la lógica de la competencia económica. De ahí la falta de precisión respecto a los contenidos intermediales, la calidad de los mismos y su relación con la diversidad”.

 “Uno de los peores errores de esta ley es que las instancias de planeación pública en el ámbito de la cultura no estén en lo más mínimo involucradas”, argumentó. El principio de incorporación de una política cultural transversal en los distintos ámbitos de gobierno brilla por su ausencia, cuyo campo más importante es precisamente el cultural. En ese sentido no es una propuesta realmente convergente.

 “La reforma ha sido pensada sólo en términos de derechos de la información, libertad de expresión y cierta equidad en el mercado, pero ello no garantiza que la inmensa diversidad sociocultural del país tenga acceso a las frecuencias, a los medios y, sobre todo, a la producción independiente. Se dice que la competencia debería promover mayor diversidad, pero eso no es garantía”. Ese es uno de los principales derechos culturales que tenemos como audiencias, afirmó.

 André Dorcé concluyó que en la iniciativa tampoco están presentes demandas sustanciales en torno a los derechos de las audiencias. “Los derechos de las audiencias son clave y no se rescatan en la reforma: el derecho que tenemos a contar con medios de servicio público sensibles a las necesidades emergentes de televidentes y radioescuchas no están incluidos, como el derecho al acceso a la diversidad cultural, por ejemplo”.