En México, la agricultura itinerante o migratoria provee sustento a muchos campesinos. El sistema está relacionado con la merma ambiental, gases de efecto invernadero, pérdida de biodiversidad y erosión del suelo, estableció Armonía Borrego, académica de la Facultad de Economía (FE) de la UNAM.
Ante las restricciones de los programas de conservación para disminuir esas emanaciones, es preciso evaluar las condiciones sociales y económicas de las comunidades agrarias y los factores que influyen en la rentabilidad de sus actividades, recomendó en el trabajo Desarrollo de comunidades rurales y degradación de recursos forestales en la región Occidente de México, realizado con Rebeca Hernández, investigadora en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet).
Los agricultores más pobres del país recurren al sistema referido para sembrar maíz, calabaza y frijol en áreas de uso común, conocidas como coamiles. La extensión de recursos forestales —una de las medidas más aceptadas para afrontar el calentamiento global— a menudo implica limitaciones sobre el uso de recursos naturales, único medio de subsistencia para las poblaciones rurales.
Sistema rudimentario
La pobreza es la causa principal de la agricultura itinerante, práctica rudimentaria basada en el esfuerzo físico y la experiencia. Los beneficios obtenidos por estas actividades no resuelven las carencias de las comunidades locales.
En el trabajo, realizado en 10 municipios localizados en la Cuenca de Ayuquila, Jalisco, explican que los campesinos sin acceso a sistemas de riego recurren a la agricultura migratoria. El uso de coamiles depende de la lluvia e implica la tala de superficies arboladas en áreas inclinadas o con pendientes. Los terrenos son abandonados después de trabajarlos por dos o tres años consecutivos.
Posteriormente, los agricultores dejan crecer la vegetación por cinco años. El procedimiento tiene la finalidad de ayudar a la tierra a recuperar sus nutrientes, sin permitir que los árboles cubran totalmente el espacio. En este caso, no se permite cortarlos e incurrirían en delito de hacerlo.
Frente a la instrumentación de programas de conservación para limitar las actividades que degradan el ambiente, es necesario definir lineamientos a seguir en conjunto con la población afectada. El conocimiento de las preferencias sociales y condiciones económicas podrían asegurar la participación de las comunidades locales.
El crecimiento de las superficies forestadas no es una panacea o una solución simple como forma de almacenamiento de carbono frente al cambio climático. Asimismo, el financiamiento de organismos internacionales debería identificarse como un complemento para las iniciativas de gobierno locales orientadas a promover el desarrollo de las poblaciones, concluyeron.
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