Ayudas directas, fondos del segundo pilar, coste de los inputs, titulares de explotación, renta agraria…
Imagen de archivo de un campo de Navarra.
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La realidad es que todos ellos corresponden a los elementos que impiden o impulsan la rentabilidad de sus explotaciones y que aluden, además, a la importancia del sector agroalimentario para la economía de un país.
En España, casi un millón de explotaciones agrícolas y ganaderas gestionan más de 30 millones de hectáreas de territorio, según datos de Instituto Nacional de Estadística (INE) para 2015, que cifran en alrededor de 750.000 personas la población activa ocupada en el sector.
Nuestro país es el segundo mayor perceptor de fondos de la Política Agraria Común (PAC), sólo por detrás de Francia. En el presupuesto para el período 2014-2020,Bruselas prevé un total de 408.310 millones de euros para los 28, de los que 308.730 millones de euros se destinan a pagos directos y medidas de mercado (primer pilar) y 99.580 millones, al desarrollo rural (segundo pilar).
Esta programación de la PAC supondrá casi 45.000 millones de euros en el sector agrícola y en las zonas rurales de España: 34.580 millones a pagos directos y 8.300 millones para programas de desarrollo rural.
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